7291. Un número para no olvidar
La pandemia por COVID-19 nos puso delante de los ojos lo que como sociedad hasta ese momento no habíamos querido ver ni conocer, algo que a nosotras como comunidad sociosanitaria nos interpela directamente. Han pasado ya cuatro años y medio y, sin embargo, todas las heridas siguen abiertas. No se ha llevado a cabo un debate a nivel estatal acerca de la gran crisis de los cuidados que se mostró en toda su crudeza en ese primer semestre de 2020, ni parece asomar por ningún punto del horizonte.
Una residencia —como su nombre indica— es un lugar donde residir, donde vivir. Un lugar donde una persona decide ir a vivir, no como en casa, sino mejor que en casa, ya que en él puede disponer de algunos apoyos que en este momento de la vida son imprescindibles y que en su casa no son viables. No es un parvulario, ni una cárcel. Tampoco es un hospital. Y ahí quiero detenerme. Una residencia es un lugar donde en la mayoría de los casos —aunque no en todos— se desarrolla el tramo final de una vida. En ella, entre otras diversas actividades de atención, el personal da apoyo en las necesidades cotidianas. No ofrece un cuidado médico especializado, sólo un acompañamiento puntual, de atención primaria, como mucho. Por lo tanto, cuando se produce una enfermedad o una crisis grave de salud, la residencia activa sus alarmas y deriva inmediatamente a la persona enferma al centro sanitario correspondiente donde recibirá la atención médica necesaria, exactamente como ocurriría si el o la residente viviera en su casa. En ambas situaciones se estaría haciendo uso del derecho fundamental que otorga el ser beneficiaria o beneficiario del Sistema Nacional de Salud o de una Mutua cualquiera.
Hasta marzo de 2020 las llamadas residencias se habían ido nutriendo de personas que de forma voluntaria o impuesta recurrían a este espacio con el fin de resolver su vida cotidiana. Nada especialmente alarmante asomaba en el horizonte. Nadie sabía que en ese fatídico marzo de 2020 el 21,5% de los ocupantes de las residencias de la Comunidad de Madrid iba a ser sentenciado a una muerte segura, en soledad y abandono[1]sin que se les diera la oportunidad de sobrevivir al COVID. Eso se produjo a raíz de la aplicación en dicha Comunidad de unos protocolos ―conocidos también por el nombre de los protocolos de la vergüenza― que restringían el ingreso en los hospitales de las personas que, viviendo en una residencia, tuvieran algún grado de dependencia o deterioro cognitivo. Un tema que tiene múltiples planos ―legales, éticos, médicos, psicológicos, sociológicos, sociales, políticos, humanos y emocionales― que no podemos pasar por alto.
Sabemos de forma contrastada que entre marzo y abril de 2020, en Madrid fallecieron 7291 hombres y mujeres en su Residencia porque se les negó el derecho constitucional a ser atendidos en un hospital. Murieron de una forma terrible, en soledad, abandonados, sucios, con enorme dolor, sin nadie que les acompañara, sin ninguna palabra que les reconfortara. Atravesaron el camino de salida de este mundo en unas condiciones inhumanas, única y exclusivamente porque eran mayores, tenían limitaciones de movilidad o algún deterioro cognitivo y vivían en una residencia, no en su casa.
¿Quién, y con qué derecho, puede investirse del poder de impedir que una persona sea admitida en un hospital donde tenía el 50% de probabilidades de sobrevivir? ¿Cómo está gestionando esta responsabilidad la clase política que dictó estos protocolos? ¿Y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, con sus llamados geriatras de referencia que cerraron el acceso a los hospitales? ¿Cómo manejan su responsabilidad ética quienes a pies juntillas cumplieron dichas órdenes? ¿Se ampararán en el concepto arendtiano de la banalidad del mal para poder dormir y pasar página (aquí no ha pasado nada)? ¿A qué espera la Justicia para mostrar su diligencia y responsabilidad profesional?
No se oyen por ningún lugar palabras de autocrítica que lamenten las decisiones tomadas. Una sola persona con cargo de responsabilidad política dimitió cuando comprobó que su cuestionamiento de los protocolos y de la no medicalización de las residencias caían en saco roto[2]. Sin embargo, quien los firmó sí se ha apresurado a descargarse de toda responsabilidad diciendo que la aplicación de dichos protocolos no era obligatoria. En una declaración en la que traslada dicha responsabilidad a las propias residencias, a los centros hospitalarios y a los geriatras de referencia.[3]
No he visto caer las peligrosas cabezas que mostraron una ausencia total de compasión y humanidad en el gobierno de la Comunidad de Madrid, en los despachos, en la dirección de las residencias, en los hospitales. ¿Estos seres seguirán teniendo la capacidad de tomar decisiones que atañan a las personas?
‘7291’. Es el título de la película rodada por Juanjo Castro[4] y que parte de los testimonios recogidos por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. Un documento de visión obligatoria para cualquier ser humano que quiera hacerse una idea de lo que ocurrió y sacar sus propias conclusiones. Ahí encontrará las declaraciones estremecedoras de personas que trabajaron en condiciones imposibles en las residencias, que atendieron como pudieron a los y las residentes, incluso desobedeciendo las órdenes recibidas. Personas guiadas por la piedad, por la bondad, que pusieron en peligro su propia vida. Y también los relatos de las familias que fueron engañadas, privadas de cualquier posibilidad de acceso a sus madres y padres, a sus parejas, que arrastran un dolor sin consuelo posible.
La Marea de Residencias y la Plataforma Verdad y Justicia tratan de mantener viva la memoria de los gravísimos hechos sucedidos, el recuerdo de las 7291 personas fallecidas, de sus familiares y de las personas que pusieron en riesgo su vida cumpliendo con creces sus funciones en situaciones de enorme precariedad. Se esfuerzan, también, por conseguir que se asuman las responsabilidades adquiridas, de manera que nada parecido pueda volver a ocurrir; por abrir un debate a nivel estatal sobre las residencias, los cuidados, la libertad, el respeto y la dignidad en todos los momentos de la vida y bajo cualquier circunstancia de dependencia, precariedad o carencia.
7291, un número para no olvidar.
[1] El 45% de las y los residentes que posteriormente pudieron ser atendidos en los hospitales sobrevivieron. Datos del Informe de la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid: https://static.infolibre.es/infolibre/public/content/file/original/2024/0315/11/informe-de-la-comision-ciudadana-por-la-verdad-en-las-residencias-de-madrid-pdf.pdf
[2] Peinado, Fernando (02/10/2020). Dimite el consejero de Políticas Sociales de Ayuso, Alberto Reyero. El País. https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-02/dimite-el-consejero-de-politicas-sociales-de-ayuso-alberto-reyero.html
[3] Sánchez Castrillo, Álvaro (17/10/2023). El alto cargo de Ayuso que firmó el ‘Protocolo de la Vergüenza’ se desentiende de su aplicación. Infolibre. https://www.infolibre.es/politica/alto-cargo-ayuso-firmo-protocolo-verguenza-descarga-responsabilidad-aplicacion-residencias-geriatras-referencia_1_1616709.html
[4] Página Web del director Juanjo Castro. https://www.juanjocastro.com/7291
